Los debates responderán a la pregunta ¿Es el actual sistema penitenciario español acorde al principio de reinserción?

La promulgación de la Constitución Española de 1978 constituyó un mandato al legislador español para abandonar la legislación penal tan rígida y en muchos casos, atrasada con respecto al resto de Europa. A raíz de la promulgación de nuestra Carta Magna se reorientó la política penal y penitenciaria incluyendo por primera vez el objetivo de la resocialización o reinserción de los penados, tal y como establece el artículo 25.2 de la Constitución.

La reinserción social se configura como una proyección que debe de ser garantizada para los condenados a pena de prisión, debiendo el Estado en todo caso remover aquellos obstáculos que pudieran encontrarse en el camino resocializador, y, poniendo asimismo en práctica, todos los medios e instrumentos necesarios para que la tarea reinsertadora surta los efectos esperados. Es innegable que desde la promulgación de la Ley General Penitenciaria y su reglamento se han logrado sendos avances, sin embargo, todavía cabe preguntarse si el sistema penitenciario cumple su función reinsertadora, pues la duración de las penas y en algunos casos el estado de los centros penitenciarios hace que la sociedad se muestre crítica al respecto. Además, ciertos autores ponen el foco en si las penas privativas de libertad en sí mismas son verdaderamente eficaces para lograr la reinserción de los condenados, teniendo en cuenta la amplia heterogeneidad de los comportamientos delictivos.

Los equipos deberán analizar el sistema penitenciario español en su conjunto y defender si éste es acorde al principio de reinserción o si, por el contrario, algunos de estos ámbitos impiden que el recluso pueda volver a retomar su vida integrado en la sociedad. Lo expuesto en esta justificación tan solo pretende servir como guía a los debatientes, dejando libertad expresa para configurar sus líneas argumentales.